Isaías Barreñada

Tres décadas después de sellarse los Acuerdos de Oslo, en 1993, el balance no puede ser más deficitario. Lejos de las expectativas creadas entonces, el proceso de paz que suscitó ha fracasado sistemática y definitivamente.

Pese a que es la iniciativa que mayor consenso aglutina en la sociedad internacional, repetida como un mantra en las cancillerías occidentales y los foros internacionales, se advierte una manifiesta incoherencia entre esa toma de decisión y su ejecución en la política exterior de muchos Estados, en particular, entre aquellos que mayor poder e influencia pueden ejercer en esa dirección

Lejos de salvaguardar esa opción de resolución del conflicto, los sucesivos gobiernos israelíes han trabajado en sentido inverso. No todos sus dirigentes manifiestan explícitamente su rechazo a un mini-Estado palestino. Algunos incluso han aceptado nominalmente esa posibilidad. Pero, por lo general, se refieren a una entidad subestatal, dependiente, tutelada y subordinada a las exigencias de seguridad e intereses israelíes. Por tanto, carente de uno de los principales atributos constitutivos de un Estado independiente, el del ejercicio de la soberanía efectiva sobre el territorio y la población que se asienta en este.