Hemos escrito esta pequeña obra pensando en los contratistas del Estado, tan vilipendiados por culpa de unos cuantos corruptos. Los contratistas del Estado son sus colaboradores preciosos y necesarios. Sin ellos el Estado no podría alcanzar sus fines constitucionales. El presupuesto de inversión solo puede ejecutarse a través de contratos estatales. Por eso debe tratárseles como dice la ley: «los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales, que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones»1. Pero no basta con que los contratistas conozcan sus derechos, sino que debe procurárseles una pronta justicia que se los reconozca. En la actualidad su desamparo es total. Los procesos que intentan buscar equidad y justicia se demoran una eternidad, mientras que el Estado, por su parte, haciendo uso de sus poderes exorbitantes, se convierte en juez y los condena rápidamente. Además, elude la aplicación de los métodos alternativos de solución de conflictos. Estamos seguros de que si las relaciones contractuales Estado particular se tratan con justicia y equidad, desaparecerán conflictos, retrasos y frustración de proyectos públicos. Asimismo, se requiere que el Estado estudie bien sus proyectos, que sus pliegos de condiciones no sean excluyentes y que se regrese al principio de la objetividad para adjudicar, restando significación al precio más bajo.
