Estado gobierno y sociedad

el problema del origen del Estado

Frecuentemente el debate ha asumido la forma de una respuesta a preguntas de este tipo: «¿Existió una sociedad política que pueda llamarse «Estado» antes de los grandes estados territoriales con los cuales comienza la historia del Estado moderno?» O bien: «¿El adjetivo ‘moderno’ es necesario para distinguir una realidad que nació con el nombre ‘Estado’ y para la cual, en consecuencia, cualquier otra aclaración es inútil?» O incluso: «¿Qué cosa agrega el denso significado de ‘Estado’ al adjetivo ‘moderno’, que no esté ya en el sustantivo que ciertamente los antiguos no conocían?»

sería oportuno hablar de «Estado» únicamente para las formaciones políticas que nacen de la crisis de la sociedad medieval, y no para los ordenamientos anteriores. Dicho de otro modo: el término «Estado» debería usarse con cuidado para las organizaciones políticas que existieron antes del ordenamiento que de hecho fue llamado por primera vez «Estado»; el nombre nuevo no es más que el símbolo de una cosa nueva.

El problema del nombre «Estado» no sería tan importante si la introducción del nuevo término en los umbrales de la época moderna no hubiese dado ocasión para sostener que no solamente corresponde a una necesidad de claridad terminológica sino que resolvió la exigencia de encontrar un nombre nuevo para una realidad nueva: la realidad del Estado precisamente moderno que debe considerarse como una forma de ordenamiento tan diferente de los ordenamientos anteriores que ya no puede ser llamado con los nombres antiguos.

La única palabra de género conocida por los antiguos para señalar las diversas formas de gobierno era civitas (ciudad), pero ya en Europa en tiempos de Maquiavelo, el término civitas debía haberse considerado, especialmente para quien hablaba en vulgar, como cada vez más inadecuado para representar la realidad de los ordenamientos políticos que territorialmente se extendían mucho más allá de los muros de una ciudad, incluidas las repúblicas que tomaban el nombre de una ciudad, como la república de Venecia; la necesidad de disponer de un término de género más acorde para representar la situación real debió ser más fuerte que el vínculo de una larga y reconocida tradición. De aquí el éxito del término «Estado» que pasó a través de cambios no del todo claros de un significado genérico de situación a un significado específico de posesión permanente y exclusiva de un territorio y de situación de mando sobre sus habitantes, como aparece en el propio fragmento de Maquiavelo, en el que el término «Estado» apenas introducido, inmediatamente es acompañado del término «dominio».

con el autor de El Príncipe el término «Estado» sustituyó paulatinamente, si bien través de un largo camino, los términos tradicionales con los que había sido designada hasta entonces la máxima organización de un grupo de individuos sobre un territorio en virtud de un poder de mando: civitas y res publica, con lo que los escritores romanos designaban al conjunto de las instituciones políticas de Roma, precisamente de civitas.

Minuciosas y amplias investigaciones sobre el uso de «Estado», en el lenguaje de los siglos XV y XVI, muestran que el paso del significado común del término status de «situación» a «Estado» en el sentido moderno de la palabra, ya se había dado mediante el aislamiento del primer término en la expresión clásica status rei pubblicae (el estado clásico del dominio público). El mismo Maquiavelo no hubiera podido escribir tal frase precisamente al comienzo de la obra si la palabra en cuestión no hubiese sido ya de uso corriente.

Es indiscutible que la palabra «Estado» se impuso por la difusión y el prestigio del Príncipe de Maquiavelo. (Como se sabe, la obra comienza con las siguientes palabras: «Todos los estados, todas las dominaciones que ejercieron y ejercen imperio sobre el hombre, fueron y son repúblicas o principado»

La más alta expresión práctica de esta mutación son las declaraciones de los derechos norteamericana y francesa, en las cuales está enunciado solemnemente el principio de que el gobierno es para los individuos y no los individuos para el gobierno, un principio que no sólo ha influido en todas las constituciones que vinieron después, sino también la reflexión sobre el Estado. Tal principio se ha vuelto, por lo menos idealmente, irreversible. En la reflexión política, por lo menos de la Revolución francesa en adelante, la modificación más importante ha sido la que se refiere a la idea de «cambio», en el sentido del libro V de la Política aristotélica, es decir, del paso de una forma de gobierno a otra. Considerado este paso generalmente como un mal (conclusión lógica de una doctrina política que durante siglos privilegió y exaltó la estabilidad y juzgó a la guerra civil como el peor de los males), adquiere un valor positivo de parte de los movimientos revolucionarios que miran en el cambio el inicio de una nueva era; así como la guerra civil representa la crisis del Estado vista ex parte principis, la revolución interpretada positivamente, representa la crisis de Estado contemplada ex parte populi.

¿Qué implica este cambio del punto de partida, aunque Althusius no lo llevó a sus últimas consecuencias? Implica la relevancia dada a los problemas políticos que son diferentes de los tratados normalmente por quien se pone ex parte principis: la libertad de los ciudadanos (de hecho o de derecho, civil o política, negativa o positiva) y no el poder de los gobernantes; el bienestar, la prosperidad, la felicidad de los individuos tomados uno por uno, y no solamente la potencia del Estado; el derecho de resistencia a las leyes injustas, y no sólo el deber de obediencia (activa o pasiva); la articulación de la sociedad política en partes incluso contrapuestas (los partidos que ya no son juzgados exclusivamente como facciones que dañan el tejido del Estado), y no sólo su unidad compacta; la división y contraposición vertical y horizontal de los diferentes centros de poder y no únicamente el poder en su concentración y centralización; el mérito de un gobierno que debe buscarse más en la cantidad de derechos de los que goza el individuo que en la medida de los poderes de los gobernantes.