La perenne desigualdad

sin una conciencia pública amplia del problema social y sin un compromiso del conjunto de la sociedad y de sus élites en la materia, no hay contribución fiscal capaz de soportar dichos esfuerzos.

la prestación de los servicios sociales básicos de salud y educación, seguridad social y apoyo a los campesinos quedaron en manos de agrupaciones de trabajadores que, en poco tiempo, devinieron en grandes sindicatos de servicio público. Por su papel en la función clave de legitimación del gasto estatal, estos sindicatos pronto reprodujeron la relación de subordinación vertical respecto de los grupos dirigentes de la coalición revolucionaria, pero a la vez propiciaron la formación de fortalezas de poder corporativo en las que se sustentó la permanencia y reproducción del régimen político de presidencialismo autoritario heredado de la Revolución.

Después de casi 30 años de búsqueda infructuosa de nuevas y más consistentes formas de crecer, la economía política mexicana sufre hoy una crisis de visión que condensa los resultados de un mal desempeño macroeconómico entre cuyos efectos están unas condiciones sociales precarias, desalentadoras y dañinas para una cohesión social mínima, condición indispensable para la estabilidad política y el desarrollo económico. Esta crisis, a su vez, alimenta y se retroalimenta de los varios extravíos sociales que han acompañado los cambios estructurales.

Las fuentes de esta summa de amenazas que retan al discurso democrático y modernizador son varias, pero siempre encontraremos en ellas la desigualdad económica y social que articula visiones, disputas, rencores colectivos y decepciones individuales.

Sin vincular estas dos variables fundamentales de la actualidad pública y privada de los mexicanos que quieren vivir la democracia y la globalización como modernos, se corre el nada lejano riesgo de repetir el camino truncado de otras modernizaciones intentadas en el pasado que acabaron sustentadas en un orden político y un régimen económico incompatibles con el verbo y el credo de la democracia con justicia social. Al dejar de ser objetivo nacional la justicia distributiva, la democracia ve erosionado su contenido y el propio corazón del Estado se vacía de sentido político e histórico. No hay misión ni visión y los proyectos nacionales se vuelven empresas pasmadas.

Lo que el Congreso busca es un marco en donde quepa en toda su complejidad la pobreza moderna de México, determinada, sin duda, por el ingreso monetario pero agravada por la falta de garantías efectivas para el acceso y el usufructo de los derechos sociales constitucionales.

A pesar de que nuestra Carta Magna define a la mexicana como una nación pluricultural y multilingüe,26 o de la importancia actualizada que ha cobrado el debate sobre la cuestión indígena en el país, todavía no hemos sido capaces de construir los consensos ni los mecanismos apropiados para reducir la profunda desigualdad social y económica que agrede a los indios y que, como sabemos, se extiende a todo el territorio y el alma nacionales. Sólo en franco y sostenido embate contra la desigualdad podrá reducirse la pobreza y erradicarse el racismo y la permanente discriminación de que son objeto. Pasemos revista a algunos datos recientes.

no puede tratarse igual a los desiguales; sobre todo, cuando la desigualdad cruza y domina los entramados básicos de la organización colectiva, la vida social, la impartición de la justicia y la producción y distribución de los bienes materiales y culturales.

México asiste a un presente democrático acompañado de un estancamiento económico estabilizador (o estabilizado), que pone en duda la sustancia de ese discurso democrático, al evidenciar su frágil basamento de igualdad ante la ley y las urnas.