El problema principal de esta reiterada posición de rechazo e intransigencia radica no tanto en la fórmula de resolución que se adopte como en la ausencia de una alternativa igualmente válida, que no sea la sistemática negación de los derechos nacionales palestinos o su derecho a la ciudadanía en un Estado inclusivo, con iguales derechos y deberes para toda su ciudadanía, independientemente de su origen étnico o de su adscripción confesional o nacional. Pero esta opción, la de un Estado único, democrático e inclusivo, también es rechazada frontalmente por la élite política israelí. Al imposibilitar ambas opciones, la de los dos Estados o bien la de un Estado único de toda su ciudadanía, la única alternativa que Israel ha desplegado e impuesto sobre el terreno es la de un solo Estado étnico y excluyente, en la que la población que se asienta entre el río Jordán y el mar Mediterráneo (algo más de 14,5 millones en 2023) recibe una diferente categoría y consideración: los israelíes judíos gozan de todos los derechos; los palestinos del 48 con ciudadanía israelí solo poseen algunos derechos, al mismo tiempo que sufren una sistemática discriminación; y los palestinos de los territorios ocupados en 1967 están excluidos de cualquier tipo de derechos, padecen una crónica exclusión y una prolongada ocupación militar, que rige y marca duramente sus vidas desde entonces.