Por las características del contexto, la Corte sostuvo que pesaba sobre el Estado un deber de debida diligencia “estricta” frente a la denuncia de los familiares de las mujeres desaparecidas. Y que, en razón de ello, debió realizar actividades prontas y exhaustivas de búsqueda, y presumir que las mujeres estaban privadas de libertad y que seguían con vida hasta tanto se determinara efectivamente lo sucedido