En un momento en que ha reverdecido el debate público sobre la independencia del auditor, el presente estudio se propone clarificar, bajo la óptica que proporciona la teoría contractual de la empresa, los respectivos papeles que les corresponde cumplir en este terreno a la ley y al mercado. El objetivo último es formular un programa de política legislativa que sea coherente con la estructura de incentivos de los agentes económicos que intervienen en el proceso de verificación contable y resulte adaptado a las características de la oferta y de la demanda de nuestro mercado de auditoría. Las conclusiones que se alcanzan y las soluciones que se proponen no coinciden siempre con las que prevalecen en la animada discusión que actualmente -en vísperas de la anunciada revisión de la Ley de Auditoría de Cuentas de 1988— se registra en foros oficiales y profesionales.
