Contratos públicos Estudios

En efecto, pese a haber sido propuesto en las discusiones parlamentarias que precedieron la Ley 1150/07, esta tan solo contempló la adopción de pliegos generales en los procesos para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades (art. 2, par. 3.º), que hasta la fecha no han sido objeto de reglamentación por el Gobierno Nacional

En segundo lugar, el campo de aplicación de los acuerdos genera asimetrías importantes que plantean desigualdades significativas cuando los países signatarios tienen marcadas distancias en su desarrollo. La asimetría se manifiesta en cuanto a las entidades enumeradas a las que se aplicará el tratado. Así, por ejemplo, el tlc de Colombia con Estados Unidos contempla su aplicación a todos

En fin, la influencia del Banco Mundial sobre las legislaciones internas no se limita a la imposición de sus reglamentos en muchos contratos. Como desarrollo del llamado Consenso de Washington de 1989 de la banca multilateral, que dio lugar a la formulación de los credos del neoliberalismo

No obstante, la definición de los tratados no deja de ser abierta y la afectación de las expectativas de la inversión se traduce concretamente por el deber de indemnizar no solo por las pérdidas efectivas, por la disminución patrimonial que soporta el afectado, como sucede en la expropiación directa, sino también por la reducción de las aspiraciones de lucro que tenía el inversionista

Los contratos de libre comercio constituyen la puerta de entrada a nuestro país de la concepción internacional de la apertura y liberalización de los contratos públicos

Nuestra inestabilidad normativa también es el reflejo de tendencias mundiales de reformas permanentes en esta materia tan sensible a la globalización

Aunque el pliego es considerado por la jurisprudencia como acto administrativo, y por ello susceptible de ser demandada su nulidad ante el contencioso administrativo, al mismo tiempo forma parte de un procedimiento administrativo que no comienza ni termina con él, por lo que es necesario abordar el problema de los actos preparatorios y de trámite, así como las consecuencias de la revocación del acto de apertura de la licitación, que en principio genera un efecto dominó sobre todos los actos y actuaciones vinculados a ella.

Sin embargo, el parágrafo 1.º de este artículo autorizó que “los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho público, podrán someterse a las reglas de tales organismos”, lo que anula las restricciones anteriores, en la medida en que estos convenios de cooperación se suscriben, justamente, con instituciones extranjeras de derecho público, como la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB) o el PNUD de las Naciones Unidas, que tienen como funciones la gestión de proyectos públicos. Por lo demás, el carácter internacional de estos organismos les confiere inmunidades diplomáticas consagradas en convenios internacionales que restringen los alcances de las inspecciones presupuestales de las contralorías nacionales, pese a lo que prescriba la ley y ratifique la jurisprudencia

adelantados contra países latinoamericanos16

En estos términos, la protección se anula, por cuanto el calificar de nacionales los bienes de las empresas extranjeras de los países con quienes tenemos tratados de libre comercio reitera el principio de igual trato, esencial a estos tratados, lo que significa que no será posible privilegiar la oferta nacional