AMLO y la 4T

una de las debilidades de este presidente es que, cuando ha tomado una decisión o ha definido un rumbo, difícilmente es capaz de reconsiderarlo. Sucede, sin embargo, que en política las circunstancias cambiantes muchas veces obligan a modificar el rumbo o reconsiderar los objetivos.

Como señaló alguna vez René Delgado, la tenacidad de López Obrador, que en otros momentos ha sido su mejor activo para alcanzar sus metas y mirar a largo plazo, no es su mejor aliada cuando, haciendo de la virtud un vicio, se convierte en obcecación.

Lo perverso quizás es que no sólo a la oposición le conviene que todo se trate de López Gatell; también a las cabezas de instituciones federales que no quieren admitir que el Estado mexicano en su conjunto es responsable del mal manejo de la pandemia. Porque mientras estamos distraídos en discutir si López Gatell se equivocó al irse de vacaciones o en quitarse el cubrebocas, no hablamos de lo que le está pasando al sistema de salud en su conjunto, de las responsabilidades de actores que llevan a cabo labores operativas y de otros que deben coadyuvar en diversas tareas.

Sin menoscabo de los diversos errores cometidos por el vocero del gobierno para enfrentar la pandemia, es claro que a unos y otros parece servirles que el subsecretario pague los platos rotos por el manejo de la pandemia. Resulta útil a la oposición, pero también al gobierno federal.

Debemos reconocer la situación en la que estamos y los diversos errores que se han cometido. Las autoridades no realizarán una autocrítica en público porque no suele ser ésa una virtud de los políticos; porque al momento de concluir este libro estamos ante una elección en puerta y lo último que haría López Obrador es concederles ese gusto a sus adversarios. Sin embargo, el verbo rectificar no puede estar ausente, mucho menos en un gobierno que se dice de izquierda. No se puede mantener una estrategia con falencias por salvar la cara o por mera obcecación. Es necesario adoptar cambios —aun cuando no se haga de forma explícita— a partir de un diálogo con los expertos.

Pareciera que en algún lugar se perdieron aquellas palabras con las que López Obrador cerró su campaña el 27 de junio de 2018 en el Estadio Azteca, cuando aseveró en uno de sus discursos más potentes: “Sólo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación”.

López Obrador se asume como un “delegado del pueblo, como el hombre común a quien le corresponde hablar en nombre de todos porque, precisamente por ser común, es uno más, pero uno entre muchos idénticos a él”.11 Al respecto, el historiador retoma la crítica de José Revueltas al régimen de la Revolución mexicana, el cual impidió la emancipación de las clases populares y trabajadoras que terminaron por considerar propios intereses ajenos, confundieron la emancipación con la incorporación subordinada al Estado revolucionario y concibieron el mundo desde una ideología ajena a su propia clase. Desde esa óptica, señala el autor, el régimen de amlo se estaría moviendo en una lógica similar: una que “incorpora a las clases populares, aunque sin ofrecerles la posibilidad de liberarse ni autogobernarse”.

En su libro sobre la 4T Carlos Illades observa que, a diferencia de líderes considerados populistas como Hugo Chávez o Evo Morales, amlo no confiere el mismo tipo de protagonismo a las clases populares ni promueve lo que llama “movilización permanente de las masas”. El autor considera a amlo como un presidente que “no está dispuesto a correr riesgos” ni a promover formas de organización “que escapen a su control”, como señaló también en una entrevista.

Al no ser capaz de hacer una distinción más inteligente y políticamente útil entre las organizaciones de la sociedad civil, el obradorismo podría darse un tiro en el pie, enemistándose con los cercanos y alejando a posibles aliados.

Cuando se expidió la Circular Uno, a través de la cual se limitó el fondeo a organizaciones de la sociedad civil, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, explicó: “Si son organizaciones no gubernamentales deberían tener un funcionamiento independiente del Estado. Y cuando se trata de una función que, de acuerdo a la Constitución, debe cubrir el Estado, ¡la tiene que hacer el Estado!”. Pienso que el primer planteamiento es discutible porque el Estado y la sociedad civil deben complementarse, mientras que el segundo es válido, siempre que el Estado cuente con las capacidades para asumir estas funciones y pueda hacerlo de inmediato, lo que difícilmente ocurre.