Libertad de expresión: un ideal en disputa

La gente que suscribe teorías democráticas de la libertad de expresión entiende que aun cuando los medios masivos puedan beneficiar enormemente a la democracia, existe también un grave conflicto potencial entre los medios masivos y el autogobierno democrático. La razón es que los medios masivos están en poder de relativamente pocas personas y su propiedad confiere a este grupo relativamente pequeño un enorme poder para moldear la expresión y el debate públicos. El peligro es que usen su posición dominante de tres maneras, todas igual de inquietantes.
La primera inquietud es que la gente que controla los medios masivos sesgue la cobertura de asuntos públicos para promover las ideas que apoya. En un mundo en el que la propiedad de los medios masivos está concentrada en manos de unas pocas personas muy ricas y de conglomerados corporativos, las agendas y preocupaciones de los ricos prevalecerán, lo cual restringirá la discusión de graves asuntos y serias alternativas al statu quo. Como resultado de ello, la gente obtendrá desinformación o una imagen sesgada del mundo que la rodea y esto será dañino para la democracia.

Sin embargo, el siglo XX hizo un énfasis especial en esta conexión y en el transcurso de esa centuria muchos pensadores sostuvieron que el propósito mismo de la libertad de expresión no era tanto promover la autonomía individual o la realización personal, sino promover la deliberación democrática sobre asuntos públicos

A medida que los Estados Unidos se industrializaron, las corporaciones adoptaron estas ideas jacksonianas y abolicionistas y las reinterpretaron hasta convertirlas en una defensa de los derechos corporativos de propiedad y en ataques a la regulación gubernamental de las condiciones de empleo. Los tribunales decidieron contra la organización sindical, con base en que permitir a los trabajadores formar sindicatos debilitaba el valor de las inversiones del empleador en capital37. Los tribunales convirtieron la ideología de la libertad de trabajar en un principio constitucional de libertad de contratación, que impedía al gobierno regular los salarios y las condiciones de trabajo38.

En la regulación de las telecomunicaciones, por el contrario, las corporaciones de medios han promovido agresivamente la extensión de los derechos a la libre expresión, argumentando que el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a controlar las redes de comunicación. Al invocar una teoría de la libertad de expresión basada en la propiedad, han rechazado argumentos según los cuales la regulación pública es necesaria para mantener abiertos los conductos y para que estén libremente disponibles para una diversidad de hablantes.
Por lo tanto, en la era digital, las corporaciones de medios han interpretado el principio de la libertad de expresión de manera amplia para combatir la regulación de las redes digitales y de manera estrecha con el fin de proteger y extender sus derechos de propiedad intelectual. Más aún, los tribunales cada vez con mayor frecuencia tienden a estar de acuerdo con ambas posiciones32

A través del hábil control de la red de distribución, los proveedores del acceso pueden determinar también quién puede ver cuál programación y en qué condiciones. La meta no es una simple censura ideológica, sino desviar a los usuarios finales hacia posibilidades de consumo cada vez más novedosas. Los proveedores del acceso buscan aislar a sus clientes, ofreciendo la continua promoción de marcas y posibilidades de compra mientras que el usuario final navega en la internet.

la teoría capitalista de la libertad de expresión identifica el derecho a producir y controlar contenido digital con la propiedad de una red de comunicación. No obstante, fusionar el derecho a la expresión con el derecho a controlar una red de comunicación es problemático, por dos razones. Primero, porque al ser a la vez conductos y redes, las redes digitales de comunicación están diseñadas para suministrar acceso a múltiples voces. Sin embargo, bajo la teoría capitalista, estos conductos existen primordialmente para promover la expresión del propietario del conducto, así como los periódicos existen para promover la expresión de su propietario. El segundo problema se sigue del primero: los proveedores de contenido, que actúan también como conductos, tienen incentivos para favorecer su contenido por sobre el contenido de otros.

La teoría capitalista es controversial precisamente porque las empresas de telecomunicación son híbridas, pues son a la vez proveedoras de contenido y conductos para la expresión de otros. Esto es especialmente cierto de las transmisiones de banda ancha, cable y satélite. Recientes fusiones en telecomunicaciones han exacerbado aún más esta hibridación, al conformar un pequeño número de grandes conglomerados de medios, verticalmente integrados, con intereses en emisoras, cable, satélite, publicación de libros, producción de películas, servicios de telefonía e internet.

Aun cuando las redes de distribución sean “públicas” en el sentido de que muchísima gente diferente las usa y depende de ellas para comunicarse, su hardware y software son de propiedad privada. Por lo tanto, argumentan las empresas comerciales, regular la red de distribución es regular la libertad de expresión del propietario de la red, porque este “se expresa” a través de sus decisiones acerca de qué contenido favorecer o desfavorecer. Las reglas sobre requisitos indispensables interfieren con el juicio editorial de las compañías de cable; los requisitos de acceso abierto interfieren con las elecciones programáticas de las compañías de banda ancha; las restricciones a la cantidad y el alcance geográfico de la propiedad de los medios interfieren con la capacidad de estas compañías de enviar su contenido a tantas personas como sea posible.

La revolución digital puso de relieve un tipo diferente de escasez. No es ya la escasez del ancho de banda, sino la escasez de audiencias y, en particular, la escasez de atención de parte de las audiencias “Mi expresión siempre ha competido con la tuya”; a medida que bajan los costos de distribución del discurso y cada vez más gente puede comunicarse entre sí fácil y económicamente, la competencia por la atención de las audiencias se hace más fuerte que nunca6. Un interesante efecto secundario de bajar los costos de distribución y transmisión es que puede alterar el costo relativo de recibir versus enviar información.
Aun cuando recibir información es más sencillo, enviar información puede llegar a ser incluso más económico. El ejemplo clásico es el de los correos electrónicos spam, que traslada los costos de la distribución de los hablantes a las audiencias. Puesto que tantas personas producen contenido y lo envían a todas partes, las audiencias están inundadas por enormes cantidades de información que deben compaginar, filtrar y bloquear. Por lo tanto, la revolución digital pone en el primer plano la importancia de organizar, clasificar, filtrar y limitar el acceso a información, así como el poder cultural de quienes organizan, clasifican, filtran y limitan el acceso7.