Durante las últimas tres décadas, las industrias extractivas y los derechos indígenas se globalizaron de manera simultánea. Así, los conflictos relacionados con la explotación de los territorios indígenas se han hecho cada vez más frecuentes, violentos y extendidos en todo el mundo.
En ese proceso, también se han “juridizado”: cada vez más, las instituciones y el lenguaje jurídicos son protagonistas en los modos en que se formulan, procesan y resuelven esas disputas. Este cambio, que a primera vista puede parecer positivo, requiere una mirada más atenta y matizada.
Ese es el objetivo de este libro, fruto de una investigación extensa, que reconstruye décadas de conflictos socioambientales en territorios nativos de América Latina con un foco original: el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de la realización de proyectos extractivos en sus territorios o de la adopción de normas que los afecten en forma directa.
Recorre la figura jurídica internacional de la “consulta previa” –una institución surgida de la OIT en 1989— en los territorios indígenas del norte de Colombia en 2009 (donde el pueblo embera denunciaba no haber sido consultado antes de la construcción de la represa de Urrá, que dividió su territorio), en la zona de los incendios de la Amazonía brasileña en 2019 (donde el pueblo mundurukú había logrado detener la construcción de la represa que se planeaba sobre el río Tapajós, alegando la falta de consulta), y en la Amazonía ecuatoriana a mediados de la década de 2010 (donde el pueblo sarayaku lanzó una de las campañas globales más exitosas contra la explotación inconsulta de petróleo en territorios indígenas).
