Es evidente que la situación social en España ha derivado en una dinámica incontrolable. Como resultado de una crisis económica y financiera sin precedentes (en los últimos años se ha evaporado riqueza inmobiliaria en la península por valor de más de un billón de euros, es decir, por la misma cuantía que el PIB español anual), la desarticulación social y productiva provocada por los “Planes de Ajuste” impuestos a la población se está aproximando a lo insostenible.
La ecuación ha sido simple: la gigantesca burbuja de la construcción española, hinchada en base a deuda externa privada por unas entidades financieras de una voracidad extrema, coaligadas con una clase política producto de la reforma sin ruptura del franquismo en que consistió la llamada «Transición Democrática», ha estallado al calor de la crisis financiera global del año 2007. Su implosión ha sido encarada, además, mediante distintos mecanismos de socialización de dicha deuda, como la línea de crédito europea de 100.000 millones de euros concedida para rescatar a los bancos y avalada por el Estado de forma indirecta.
Básicamente se está intentando que sea el conjunto de la población y, principalmente, la clase trabajadora y los sectores más vulnerables de la clase media, quienes paguen una deuda que ha alcanzado una cuantía difícil de determinar e imposible de remunerar. En estos momentos, los “Planes de Ajuste” implementados siguiendo la ortodoxia neoliberal están llevando a un colapso completo de los pilares básicos del llamado “Estado Social”, que, por otra parte, nunca llegó a desarrollarse hasta estándares europeos en España, así como a una atonía absoluta de la actividad económica que se expresa en datos demoledores como una disminución interanual de las ventas al por menor del 12,6%, o un descenso de los ingresos fiscales del Estado de cerca de seis puntos del PIB en el último año.
