Los entresijos del final de ETA

Entre 1981 y 1983 hubo un parón en la guerra sucia, que reapareció, con el Gobierno de Felipe González, en octubre de 1983, con el secuestro en el sur de Francia y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, jóvenes militantes de ETA. Casi a la par fue secuestrado en Hendaya Segundo Marey, un ciudadano francés al que los GAL confundieron con un dirigente de ETA, y que posteriormente fue liberado.

En los GAL participaron, además de mercenarios, agentes de policía españoles; responsables del Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González, según sentencia del Tribunal Supremo, y políticos siniestros que lo teorizaron

Sus precedentes inmediatos fueron la Triple A y el Batallón Vasco Español (BVE), que actuaron durante los gobiernos de la UCD. Algunos de sus componentes eran los mismos, como Jean Pierre Cherid, un mercenario argelino que participó en el atentado mortal del BVE contra el máximo dirigente de ETA militar, José Miguel Beñaran, Argala, en 1978, y que murió en Biarritz, como miembro de los GAL, en 1985, al estallarle una bomba que manipulaba en la preparación de un atentado

Pero las Fuerzas de Seguridad aún no estaban lo suficientemente profesionalizadas para combatir el terrorismo etarra e incurrían en redadas masivas e indiscriminadas, con la frecuente aplicación de los malos tratos y torturas a los detenidos.

A su vez, a finales de 1983, hizo acto de presencia una nueva modalidad de guerra sucia que se convertiría en un auténtico retroceso para la lucha antiterrorista: los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), cuya actividad se prolongó hasta 1986, con un balance de 27 asesinatos entre militantes de ETA y ciudadanos franceses

En aquellos momentos, el Gobierno vasco, del PNV, estaba enfrentado con el Ejecutivo socialista y mantenía una actitud equidistante en la lucha antiterrorista de este contra ETA. Garaikoetxea, aunque discrepaba de la violencia etarra, justificaba su existencia al considerar que el País Vasco tenía un déficit democrático por no tener reconocido el derecho a la autodeterminación.

A la actitud equidistante del Gobierno vasco de Garaikoetxea contribuían las actuaciones policiales abusivas

Todas estas medidas —retirada del estatuto de refugiado, de los permisos de residencia, confinamientos en lugares alejados del País Vasco, deportaciones a terceros países, extradiciones— colocan a ETA a la defensiva en Francia. Los miembros de ETA ya nunca más podrán pasearse tranquilamente por las ciudades vascofrancesas fronterizas con España y pasarán a la clandestinidad en Francia, lo que repercute en su actividad terrorista

En julio de 1985, el nuevo Gobierno conservador de Chirac, que cohabita con la Presidencia socialista de Mitterrand, desempolva una ley de 1945 para expulsar a miembros de ETA por el procedimiento de urgencia. La cifra alcanza los 190 durante dos años. El principal líder de ETA, en ese momento, Txomin Iturbe, es expulsado a Gabón en julio de 1986. Estas medidas tan expeditivas coinciden con un auge del terrorismo árabe en Francia

La cooperación se formalizó plenamente, pocos meses después, el 14 de junio de 1984, con los Acuerdos de la Castellana, suscritos entre el ministro del Interior, José Barrionuevo, y su homólogo francés, Gaston De­­fferre, en los que se precisaba el cerco a ETA en Francia con detenciones y deportaciones

Defferre desconocía el alcance de la Constitución democrática de 1978 e ignoraba absolutamente el Es­­tatuto de Gernika de 1979 que otorgaba al País Vasco una autonomía que el ministro francés difícilmente toleraría para una región francesa.

El reconocimiento del autogobierno vasco, plasmado en el Estatuto de Gernika, de 1979, unido a los avances democráticos que para España supuso la Consti­­tu­­ción de 1978, fueron claves para que la Francia de Mi­­tterrand cambiara de actitud hacia ETA y dejara de ver en la organización terrorista una partida de guerrilleros antifranquistas

Los socialistas españoles en el Gobierno tuvieron que realizar una auténtica labor pedagógica para convencer a sus colegas franceses de que España era una democracia homologable a la de cualquier país europeo

La gestión de Mitterrand, al comienzo de su mandato como presidente de la República francesa, entre 1981, 1982 e incluso avanzado 1983, fue continuista respecto a la etapa de Giscard. Mantenía la concepción de que España no era aún una democracia