El Estado peruano entiende el cultivo ilícito de hoja de coca como un problema público. Para responder a ello, entre el 2007 y el 2011 implementó una serie de medidas de control, cuya principal limitación fue enfocarse en dar una respuesta técnica medible a esta situación. Como reacción, el movimiento cocalero despliega estrategias para la defensa política del cultivo, intermediadas por tres tipos de organizaciones políticas. Debido a que en este periodo el control de cultivos no representó mayor riesgo para los intereses cocaleros y a la poca eficacia de estas organizaciones políticas, estas relaciones de intermediación se han visto mermadas. En consecuencia, tanto las organizaciones intermediarias como el movimiento cocalero, si bien subsisten, han pasado a una etapa de latencia.
Nicolas Zevallos Trigoso es candidato a Doctor en Ciencia Política, Maestro en Ciencia Política y Bachiller en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha laborado en agencias como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Observatorio Peruano de Drogas y el Jurado Nacional de Elecciones, dirigiendo proyectos de investigación y como asesor en política criminal y de seguridad. Docente del Departamento de Ciencias Sociales y Coordinador de la Diplomatura en Política de Seguridad y Política Criminal de la Escuela de Gobierno de la PUCP. Actualmente es Investigador principal del Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia de la PUCP, donde dirige proyectos sobre economías ilegales, mercados ilegales, violación sexual, crimen urbano y corrupción.
