La Colombia civil se niega a asumir de frente y con claridad el debate sobre la manera como los insurgentes y colaboradores armados ilegales del Estado -como los paramilitares y las autodefensas- se deben reincorporar a la vida ciudadana. El resultado son procesos frágiles, controversiales, sin consenso social, cuestionados, y por consiguiente sus consecuencias son limitadas. En vez de desestimular la violencia, esos procesos la reproducen y alimentan, porque en últimas, de cualquier manera que se interprete, significan un premio para el actor armado, abriendo las puertas a un dilema que está en el aire.
